El procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, aseguró hoy que la fuerza, legal y legítima, se ha utilizado y seguirá utilizándose como instrumento del Estado mexicano para garantizar la vigencia del sistema democrático y de los derechos y libertades ciudadanas.
Así se informó a través de un comunicado, al inaugurarse el Congreso Internacional Uso de la Fuerza Pública en un Estado Democrático de Derecho, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el que el abogado de la Nación señaló que el uso de la fuerza fortalece la cohesión entre los miembros de la sociedad y, al mismo tiempo, aísla a los delincuentes.
Asimismo, dijo, el uso de la fuerza amplía la comunicación entre los ciudadanos y sus autoridades, incrementa la confianza en las instituciones y evita que la violencia se multiplique porque el Estado es el legítimo protector de sus ciudadanos.
En el momento actual, agregó, México requiere de cuerpos normativos que definan con mayor claridad la legalidad, la legitimidad, la proporcionalidad, la oportunidad y la pertinencia que deben agotarse para que pueda emplearse válidamente la fuerza institucional.
“El país necesita, también, garantizar que quien aplique o utilice la fuerza lo haga con la plena protección normativa del Estado y siempre como último recurso, con profesionalismo y, sobre todo, privilegiando siempre las salidas menos violentas que sean posibles”, aseveró el titular de la PGR.
En esta difícil tarea, aseguró Chávez Chávez, las instancias de seguridad pública han contado con el apoyo invaluable del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea mexicanos, instituciones armadas al servicio de las mejores causas del país, que han basado su actuación por la seguridad interior en el apego pleno a la Constitución y a las leyes que nos rigen.
Señaló que en este 2010 –cuando se cumplen dos siglos de nuestra Independencia y 100 años del inicio de la Revolución Mexicana– el desafío consiste en diseñar y poner en marcha una política de seguridad democrática que atienda la contención del avance de las organizaciones criminales”, pero también, el urgente fortalecimiento institucional –particularmente del Ministerio Público y del Poder Judicial– y el restablecimiento del tejido social, a través de programas educativos, culturales, recreativos y de generación de empleos y oportunidades de desarrollo.
Finalmente, externó ante todos los presentes su confianza en que el intercambio y el debate que se darán durante este Congreso será rico, intenso, abierto, plural y, sobre todo, productivo para México y para muchos otros países que comparten el reto de hacer frente a la delincuencia organizada.
Por su parte, Gerardo Laveaga, director del INACIPE, afirmó que aún cuando la solución pacífica de las controversias es un rasgo que caracteriza y ennoblece al Estado Democrático de Derecho, las sociedades donde se hacen valer con más rigor los derechos humanos, las economías más desarrolladas, están obligadas a recurrir al uso de la fuerza en ciertos casos.
“Ejercer la coacción –“la represión”, denuncian quienes se ven afectados por ella–, puede llegar a ser indispensable para mantener la cohesión dentro de la comunidad”, precisó Laveaga.
En este congreso participan operadores de los sistemas de seguridad pública y justicia penal en México y expertos de países como Alemania, Argentina, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Italia, Kenia y Reino Unido, en la búsqueda de políticas públicas integrales que establezcan las bases de una legislación y protocolos sobre el uso de la fuerza pública.
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