El Gobierno mexicano tendrá que responder mañana, martes, ante la ONU sobre la violación sistemática de los derechos de los indígenas, a pesar de su reconocimiento legal, así como por qué no se respetan los derechos de los trabajadores emigrantes que cruzan su territorio.
Esas dos cuestiones centrarán el examen periódico que el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas hará del Estado mexicano durante dos sesiones que tendrán lugar el martes y el miércoles en Ginebra.
Para preparar la sesión, el Comité mandó a México una "lista de temas" que deben abordarse durante el intercambio, en el que como primer punto se destaca la "reforma constitucional de 2001 y los límites que ha encontrado la protección constitucional de los derechos humanos de los pueblos indígenas".
"El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó en su informe 2010 que, a pesar de las medidas gubernamentales, los indígenas mexicanos sufren mayores desigualdades que cualquier otro grupo, y su acceso a la salud, la educación, la seguridad social, el alojamiento y otros servicios es muy limitado", señala el informe de Amnistía Internacional sobre México, del que el Comité se hace eco.
"La falta de implementación del marco legal vigente, incluida la nueva Constitución, profundiza el problema estructural de discriminación en un contexto en que los derechos de los indígenas son oficialmente protegidos por estas normas, pero las instituciones replican modelos históricos de discriminación", afirma, por su parte, la ONG Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
El Comité solicitará a México que explicite la "consideración de especificidades económicas, culturales, sociales y geográficas de los pueblos indígenas en los marcos normativo federal y estatal, así como en el diseño y aplicación de políticas públicas, incluyendo salud, educación y vivienda".
Otro asunto al que deberá responder el Estado mexicano será el "acceso a la justicia efectiva" de los 10 millones de indígenas del país.
"Tal y como Amnistía ha constado en numerosos casos, los indígenas son frecuentemente forzados a participar de procedimientos judiciales sin contar con la asistencia adecuada y sin conocer exactamente los procedimientos. Como consecuencia, los indígenas sospechosos no son debidamente defendidos contra cargos criminales, lo que conlleva juicios y condenas injustas".
Tlachinollan recordó que en la última revisión de México, el Comité recomendó que se garantizara el derecho de los pueblos indígenas a usar intérpretes y consejeros judiciales que estén familiarizados con la lengua y las costumbres de los indígenas afectados.
"A pesar de los esfuerzos legislativos del gobierno, la normativa se mantiene como un hecho simbólico y no han sido propiamente implementadas. Esta situación genera que los indígenas que son acusados en procesos criminales y que no entienden español sean completamente ignorantes del estatus de sus casos y sean forzados a firmar papeles que los incriminarán sin siquiera entenderlos", constata la ONG.
Por otra parte, el Comité espera que el Ejecutivo mexicano explique la situación de los emigrantes que atraviesan su territorio y que sufren discriminación racial, y solicita que se especifiquen los mecanismos para "proteger los derechos de todos los migrantes, incluyendo el derecho a la vida".
"Decenas de miles de emigrantes que viajan a través de México son sistemáticamente víctimas de extorsión, maltrato, secuestro, violación, asesinato y alistamientos forzosos en bandas criminales. Las bandas organizadas actúan a menudo con la connivencia o el consentimiento de las autoridades", acusa Amnistía.
"Los responsables de los abusos son raramente perseguidos, por lo que se crea un clima de impunidad y tolerancia hacia los maltratos contra los emigrantes", concluye la entidad.
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