Extraido de Rio Doce
El Gobierno estadounidense tiene años sabiendo cómo localizar a Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada, pero no los arrestan porque ambos informan a la DEA sobre bandas rivales que operan en México, revela una moción presentada por abogados de Vicente Zambada Niebla, como parte del desahogo de pruebas para demostrar que el Vicentillo actuó con Autoridad Pública para el tráfico de droga a Chicago y otras partes de Estados Unidos.
“La DEA acordó con el Chapo, el Mayo y otros líderes del cártel de Sinaloa no interferir con el tráfico de drogas que ellos realizaran, y también se comprometió a no arrestarlos, incluso, alertarlos si otras agencias mexicanas o estadounidenses entraban en su territorio”, se lee en la moción de 16 páginas, presentada el pasado 29 de julio en una corte federal, al norte de Chicago.
De fundamentar los abogados esa acusación, ya sea con grabaciones, videos o documentos, toda declaración hecha por el Gobierno estadounidense por acabar el tráfico de drogas, lo mismo que la recompensa de cinco millones de dólares que ofrece la DEA por capturar al Chapo o al Mayo, incluso la guerra contra las drogas que encabeza México y que ha costado miles de muertes en todo el país, resultaría apenas una pantomima que podría generar un escándalo mayor al de Rápido y furioso.
“Las pruebas están y en su momento serán presentadas”, dijeron los abogados del Vicentillo a Ríodoce, aunque sin precisar qué tipo de pruebas son.
El presunto pacto
De acuerdo con el documento 09-CR-00383 presentado ante la Corte, la defensa explica cómo en 1995 el cártel de Sinaloa se fue prestando para informar al Gobierno de Estados Unidos sobre sus distintas operaciones.
Todo comenzó —precisa el documento—, cuando Humberto Loya Castro, abogado del cártel y uno de sus principales consejeros, fue acusado junto con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada de dirigir el tráfico de droga de esa organización, según precisa la acusación 95-CR-0973 presentada ese año ante una corte federal del sur de California.
Esa acusación habría de ser rechazada en el 2008, cuando la DEA expuso ante la Corte que Loya Castro tenía diez años informando al Gobierno de Estados Unidos sobre las operaciones que realizaba su organización y otros grupos delictivos de México. De esa manera Loya Castro quedó eximido de toda acusación.
No obstante, la necesidad de la DEA por conocer más sobre los cárteles en México, hizo que en algún punto, antes del 2004 y el 2010, el Gobierno de Estados Unidos acordara agregar como informantes al Chapo y Mayo, lo mismo que a otros líderes del cártel de Sinaloa.
Como recompensa, el Gobierno de Estados Unidos se comprometería a revocar toda acusación hecha contra Humberto Loya, además de no interferir con el tráfico de drogas que encabezaría el grupo que él representaba, como tampoco a arrestar, ni a él, ni al Chapo ni al Mayo, ni al Vicentillo. El pacto sin embargo, pronto habría de ser roto.
Relaciones peligrosas
Durante varios años, Loya Castro fue la única conexión entre el Gobierno de Estados Unidos y el cártel de Sinaloa, y funcionaba de la siguiente manera: Loya Castro se veía con el Chapo y el Mayo, y entonces se comunicaba con la gente de la DEA para elegir un punto de encuentro y ahí proporcionarles la información que previamente le habría entregado el Chapo y el Mayo, según expone el documento.
Tras el encuentro, ni lo agentes de la DEA ni el ICE, la otra agencia que aparentemente sabía de ese operativo, se comprometía a no seguir a Loya Castro cuando este iría a entrevistarse con los líderes del cártel de Sinaloa.
“Loya Castro decía a los agentes cuándo se vería con el Chapo o el Mayo, y el compromiso era no dirigir ningún tipo de espionaje o monitoreo para dar con el paradero de uno o de otro, por lo que ambos capos podían sentirse seguros”, expone el documento.
Además de esa protección, el Gobierno estadounidense se comprometía también a alertar a los líderes del cártel cuando agencias mexicanas o de Estados Unidos iniciaran una investigación, o bien, un operativo en territorios que fueran dirigidos por ellos.
“Tenemos evidencia de cómo Loya Castro era informado por agentes de la DEA para que alertaran a sus jefes, aun cuando existían órdenes de aprensión contra el Mayo, el Chapo y otros líderes del cártel, incluyendo al Vicentillo”, explica el documento.
Asimismo, agrega la defensa, el Gobierno de Estados Unidos no proporcionaba ningún tipo de información con el Gobierno de México, que pudiera afectar al cártel de Sinaloa, para con ello asegurar que no fueran arrestados
Así fue como todos los líderes del cártel de Sinaloa podían continuar sus actividades de tráfico de drogas, mientras proporcionaran informes sobre bandas rivales, incluyendo el Vicentillo, quien se había convertido en otro de los informantes del Gobierno estadounidense, y la DEA estaba consciente de ello.
“Los representantes de la DEA dijeron que su gobierno estaba muy agradecido de la ayuda que significaba los informes dados por el Vicentillo”, señala el documento.
La traición
La noche que lo arrestaron, el Vicentillo venía de verse con agentes de la DEA.
De acuerdo al documento, el encuentro se habría realizado en el hotel Sheraton de la Ciudad de México, el 17 marzo del 2009. El objetivo era introducir a Zambada Niebla al Gobierno estadounidense con la intención de que él personalmente proporcionara información, pero al mismo tiempo, hacer que Loya Castro no fuera el único informante directo.
“La DEA quería establecer una conexión más directa con otros miembros del cártel y Zambada Niebla pensaba que un acercamiento con el Gobierno de Estados Unidos les brindaría mayor protección y lo volvería inmune a cualquier arresto y acusación, razón por la cual accedió a verse con agentes de la DEA”, explica la moción.
La tarde del 17 de marzo, Zambada Niebla se habría de ver con representantes estadounidenses bajo el previo acuerdo que no sería arrestado, ya que lo único que la DEA deseaba era obtener información sobre cárteles rivales, y que incluso, altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos estaban enterados.
Ese compromiso hizo suponer al Vicentillo que toda acusación en su contra hecha por Estados Unidos sería revocada y que por tanto sería inmune a toda acusación futura.
Fue así que el Vicentillo aceptó el acuerdo y entonces se entrevistó con los agentes, a quienes proporcionó toda la información que llevaba consigo, a lo que los agentes de la DEA, aparentemente, “quedaron muy agradecidos” por el apoyo y entonces acordaron nuevamente verse en un futuro. Entonces, el hijo del Mayo Zambada abandonó la reunión.
Poco más de cinco horas después el Vicentillo fue arrestado por elementos del Ejército mexicano en la colonia Jardines del Pedregal de la Ciudad de México.
Carta blanca para traficar
La moción de Zambada Niebla hace referencia a cómo el Gobierno de Estados Unidos históricamente ha proporcionado protección e inmunidad a grupos criminales a cambio de información, y en retorno, estos grupos cometen todo tipo de ilícitos, incluyendo homicidios, y tráfico de droga, como es el caso del cártel de Sinaloa.
La estrategia se le conoce como Divide & Conquer (Divide y Conquistarás), y la fórmula funciona beneficiando a una organización para que le ayude a atacar a otras, algo que el Departamento de Justicia y varias de sus agencias ha implementado en México.
En este caso, el Gobierno estadounidense logró un acuerdo con el cártel de Sinaloa para destruir otros cárteles de la droga. Bajo ese esquema, Estados Unidos dio Carta Blanca al Chapo, al Mayo y otros líderes del cártel de Sinaloa para transportar miles de toneladas a Chicago y otras partes de Estados Unidos, además del compromiso de no arrestarlos y fincarles acusaciones en cortes estadounidenses.
“Bajo esa serie de esquemas, es evidente que Zambada Niebla actuó con Autoridad Pública, lo cual lo eximiría de las acusaciones que tiene en su contra”, señala el documento.
Igual que Rápido y furioso
De comprobar la defensa que efectivamente Zambada Niebla actuó con Autoridad Pública, el caso podría resultar tan polémico como Rápido y furioso, un operativo orquestado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego, Explosivos y Tabaco (ATF), en el que agentes de esa oficina permitieron el trasiego de miles de armas de Estados Unidos a México.
Al respecto, el Gobierno de Estados Unidos tendría que explicar, como actualmente ocurre con Rápido y furioso, los acuerdos hechos con el cártel de Sinaloa, ya que por una parte exige la destrucción y desmantelamiento de los cárteles de la droga, pero por otro pide la ayuda del cártel de Sinaloa, en tanto miles de toneladas de drogas son introducidas a Estados Unidos.
Sobre esas acusaciones, ni la DEA ni el DOJ comentaron nada, “por la magnitud de las acusaciones, además de tratarse de un caso que aún se estaba ventilando en la Corte”.
Randall Samborn, vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), dijo que no comentarían de momento nada referente a las pruebas presentadas por la defensa del Vicentillo, pero que los fiscales tendrían que responder a esos señalamientos para antes del 9 de septiembre.
“Es todo lo que tenemos que decir de momento”, dijo Randall en un escueto comunicado enviado a Ríodoce.
La conclusión
La moción concluye: “La evidencia indica que el Departamento de Justicia no solo permitió a criminales contrabandear armas, sino que con los dólares de los contribuyentes, en forma de pagos a informantes, pudo haber financiado a los que participan en tales actividades”.
Es evidente que el FBI y otros representantes del Gobierno permitieron deliberadamente que algunas de las armas terminaran en las manos del cártel de Sinaloa y que algunas de las personas asesinadas por esas armas eran agentes de la ley.
“Zambada Niebla afirma que la documentación que solicita del Gobierno de EU, confirmará que las armas recibidas por los miembros del cártel de Sinaloa y sus líderes en la operación Rápido y furioso fueron recibidas conforme al acuerdo celebrado entre el Gobierno de los Estados Unidos y Loya Castro, en nombre del cártel de Sinaloa”.
Los alegatos de Zambada Niebla, incluso hacen referencia al famoso caso de La Casa de la Muerte, llamado así por Narco News, que ha publicado una serie exhaustiva de reportajes de investigación sobre el caso de asesinatos en masa que se remontan a 2004, y del cual, Estados Unidos tiene material relativo a los asesinatos de La Casa de la Muerte, en Ciudad Juárez, y que fueron cometidos por informantes del gobierno de ese país.
De acuerdo con el Informe de Evaluación Conjunta, los agentes del Gobierno de Estados Unidos sabían de los asesinatos que iban cometer sus informantes, pero no tomaron ninguna medida para informar ni al Gobierno mexicano ni a las víctimas, ya que determinaron que “era más importante proteger la identidad de sus informantes”.
“Los informantes estaban ayudando al Gobierno de Estados Unidos en las investigaciones de los grandes narcotraficantes y el Gobierno determinó que la muerte de más de un centenar de ciudadanos mexicanos era un precio aceptable a pagar por lo que les permite continuar sus investigaciones de narcotráfico”.
La pretensión desenmascarada
De acuerdo con una serie de entrevistas a exagentes de la DEA realizadas por Bill Conroy para el portal The Narcosphere, será difícil que Zambada Niebla compruebe que efectivamente actuó con Autoridad Pública, mientras que por otro lado, los fiscales del caso no descartan de manera absoluta que el Vicentillo “no era un activo del Gobierno estadounidense”.
Los fiscales solo exponen que “el Gobierno niega que el acusado (Zambada Niebla) tuvo autorización del poder público cuando cometió los delitos graves de los que se le acusa”.
Ello significa que aun cuando a Zambada Niebla se le hubiera ofrecido algún pacto a cambio de su cooperación, el acuerdo no procedería en los actos específicos que se le imputan en la acusación en su contra.
Los fiscales federales también piden que la corte ordene a Zambada Niebla que muestre, antes del juicio, “evidencia de que un oficial u oficiales específicos estadounidenses o funcionarios con autoridad real o aparente (le) autorizaron expresamente la importación de varios kilogramos de cocaína y heroína a los Estados Unidos, como se sostiene en la acusación, o que expresamente (le) aseguraron que estos hechos no revestían carácter penal, y que (él) razonablemente confió en estas comunicaciones”.
Narco News habló con varios exagentes de la DEA y el FBI sobre la afirmación de Zambada Niebla de que él trabajaba, en esencia, como informante para el Gobierno de los EU. Ninguno de los exagentes, que pidieron que sus nombres no se revelaran, se considera fuera del ámbito de la posibilidad de que Zambada Niebla podría haber llegado a un acuerdo con el Gobierno de los EU.
“Para hacer esa afirmación, Zambada Niebla ha puesto sencillamente su vida en peligro al exhibirse a sí mismo como un informante, un movimiento extremo que parece indicar que al menos él cree que había un acuerdo en curso”, expone el exagente al portal.
Todos los exagentes coinciden en que, a menos que Zambada Niebla cuente con una prueba legal de sus declaraciones, tiene pocas posibilidades de triunfar, y al menos uno de los exagentes dijo que los fiscales probablemente no lo habrían desafiado para producir esa prueba si no tuvieran un alto grado de confianza de que no existe.
Un exagente del FBI lo explicó de esta manera: “Las directrices generales del fiscal de los EU, para los informantes requiere que exista un documento escrito llamado un ‘memorándum (memo) que ampara actividades ilegales’, firmado por ambas partes. En este documento se explica exactamente lo que el informante está autorizado a hacer y se le dice que puede ser procesado por cualquier otra actividad ilegal. Esto debería ser proporcionado a la defensa en la averiguación previa, sin embargo, no siempre sucede. Algunos abogados no son conscientes de esto y no lo piden en la averiguación y el Gobierno no lo cede fácilmente.
“Sospecho que el Gobierno no proporcionó este documento a la defensa y es por eso que ahora exige que el acusado provea pruebas de su estatus... Sería muy fácil demostrar lo que estaba autorizado a hacer teniendo el memo. (Así que) este puede ser un caso donde el memo nunca se elaboró”.
Sin embargo, abogados y gente familiarizada con el caso, han repetido en varias ocasiones que ellos cuentan con pruebas fehacientes que en su momento utilizarán a favor del Vicentillo, y que es cuestión de esperar el momento indicado.
“Hay documentos que han sido utilizados en corte, incluso, muchas de ellas utilizadas por agentes de la DEA y bajo juramento, y esas transcripciones las presentaremos en el momento indicado a favor de Zambada Niebla”, dijo una persona que está familiarizada con el caso.
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