Una vez que su misión en Irak y Afganistán está a punto de culminar, el aparato militar estadunidense reenfoca un objetivo sensible: México. Es el principio de un cambio de prioridades –lo que en términos de la lógica del imperio implica buscar justificaciones para desatar nuevas guerras– en los “imperativos estratégicos” de Washington hacia su frontera sur, asegura a Proceso el experto en temas militares Robert J. Bunker, y advierte: ese cambio “será lento, pero ocurrirá”. Según este analista, las organizaciones delictivas mexicanas “son mucho más que eso. Son delincuentes insurgentes que de facto están ganando poder vía campañas de violencia y corrupción”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los cárteles mexicanos estarían sucediendo ya a la organización terrorista Al Qaeda como la amenaza más grave para la seguridad nacional de Estados Unidos, toda vez que las informaciones sobre supuestos complots terroristas para atacar objetivos de Estados Unidos en y desde México apuntan a una “política de nuevo cuño” de Washington en la que la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico es vista como eso: un peligro para la seguridad interior.
El cambio de prioridades en los “imperativos estratégicos” de Washington hacia su frontera sur “será lento, pero ocurrirá”, advierte en entrevista con Proceso Robert J. Bunker, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
Profesor de guerra no convencional en la Universidad Militar en Virginia, Bunker está convencido de que México vive una “insurgencia delictiva” a la que se le podrá enfrentar con algunas de las experiencias obtenidas en los últimos 10 años en Irak y Afganistán.
Ambos conflictos se iniciaron poco antes de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, en la que –luego de casi cinco años y más de 50 mil muertos– Bunker identifica “dos errores estratégicos”: considerar a los cárteles meras organizaciones delictivas y centralizar el mando en una policía única.
La decisión de Calderón de usar al Ejército y la Marina en esa tarea le ha permitido a Bunker profundizar el trabajo como experto en guerras de baja intensidad que realiza para Small Wars Journal (SWJ), el sitio de internet creado por los Cuerpos de Marina de Estados Unidos para facilitar las operaciones militares de su país (Proceso 1815).
La dimensión y peculiaridad de la violencia en México llevó a SWJ a crear una división en español llamada El Centro, para concentrarse en el análisis de “las insurgencias criminales” en América Latina, a las que tipifica como “guerras de baja intensidad”.
Necesidad de cambios
Licenciado en historia, geografía y ciencia social, maestro en gobierno y doctor en ciencia política, Robert J. Bunker es también consultor en asuntos militares. A esa formación suma entrenamiento en inteligencia, contraterrorismo y contravigilancia por parte de servicios de inteligencia civil y militar de Estados Unidos, incluidos la Agencia de Inteligencia del Pentágono, el Departamento de Seguridad Interna y el Departamento de Justicia, además de entidades privadas de inteligencia.
El 13 de septiembre pasado acudió al Capitolio para explicarle al Congreso por qué Washington debe cambiar sus “imperativos estratégicos” de Oriente hacia México, como lo ha sostenido también ante la comunidad militar.
“Cuando testifiqué ante el Comité del Congreso en septiembre de 2011, un número de congresistas, tanto implícitamente como en el registro, estuvieron de acuerdo con el señalamiento de que los cárteles mexicanos –más que Al Qaeda– deberían ahora ser considerados una amenaza más grande a la seguridad nacional de Estados Unidos.”
En esa audiencia del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, en la que se discutió la efectividad de la Iniciativa Mérida, refiere que varios congresistas también coincidieron en que actualmente en México tienen lugar “insurgencias criminales” como resultado de un cambio en la actuación de los cárteles, que del control político que ejercían de facto pasaron a tener “áreas de impunidad” en varias partes del país. Se mueven en una “confusa arena entre delincuencia y guerra”. Han multiplicado sus ingresos ilícitos de su base original de tráfico de narcóticos a la extorsión, el robo masivo de combustibles y el tráfico de personas, lo que las hace entidades criminales multifacéticas.
Esto es “desquiciante” desde una política de inteligencia criminal y desde la perspectiva de inteligencia militar. “Los cárteles, como entidades apoyadas en criminales-soldados, son difíciles de abarcar para los servicios de espionaje, por lo que se necesita una forma combinada de inteligencia”.
Aunque considera un acierto ir contra los líderes de los cárteles, menciona dos “errores estratégicos” de Calderón.
El primero: caracterizar y responder a los cárteles como simples organizaciones delictivas. “Son mucho más que eso. Son delincuentes insurgentes que están ganando, de facto, poder vía campañas de violencia y corrupción. En algunas regiones, los jefes locales de los cárteles parecen señores medievales”.
El segundo error, que califica como “una gran equivocación”, apunta directamente a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, promotor a ultranza del mando policial único. Bunker no le ve futuro a “la actual centralización del esfuerzo contra los cárteles. Eliminar a las fuerzas de las policías locales a favor de una fuerza estatal o federal sería una gran equivocación”.
Si bien se necesita que los esfuerzos sean centralizados en la Ciudad de México, tiene que haber una combinación de operaciones de abajo hacia arriba y de respuesta local. De otra manera no ve cómo se detendrá lo que menciona como amenaza a la seguridad de Estados Unidos.
Lento, pero seguro
Acostumbrado a tratar con quienes toman decisiones en el terreno, asegura que el cambio de prioridades estratégicas de su país hacia la frontera sur llevará tiempo. “La política exterior de Estados Unidos es como un supertanque petrolero. Alterar su curso es lento y difícil. La inercia burocrática y los intereses creados de las dependencias gubernamentales seguirán enfocando a Al Qaeda como la amenaza número uno, lo que significa que el cambio vendrá lento, pero vendrá”.
Tras 10 años de operaciones contra Al Qaeda y su base social, Estados Unidos ha comenzado a sacar a sus tropas de Irak y Afganistán. Para el próximo mes se espera la total retirada del primero, y para 2014, del segundo. Parte de lo aprendido en esos países ha comenzado a aplicarse en México.
Aunque se trata de realidades distintas, menciona algunas experiencias que se pueden trasladar: el uso de contratistas privados, el envío de aviones espías no tripulados y la capacidad militar para obtener información sobre la base social de los cárteles de la droga. De acuerdo con la prensa estadunidense, algunas de ellas ya comenzaron a aplicarse.
“La experiencia en Irak y Afganistán no es algo que se pueda transferir fácilmente a México; ni debería ocurrir”. Explica: Esos conflictos abarcaron a grupos islámicos radicales, tribalismo y visiones religiosas confrontadas, los poderes políticos de los Estados vecinos, el uso endémico de dispositivos explosivos improvisados o de atacantes suicidas.
“Mucho de lo aprendido por Estados Unidos en la construcción de una nación en esos conflictos no tiene relevancia en México, donde los temas dominantes se enfocan en la seguridad básica, la corrupción y el reto que representa la narcoautoridad (y cultura) a la soberanía del Estado.”
Sin embargo, encuentra “lecciones inmediatas” que sí serán puestas en marcha: el uso de vehículos aéreos no tripulados para obtener información en tiempo real en apoyo de las fuerzas federales. Asegura que esos aviones no se usarán para la eliminación de los miembros de los cárteles.
Otra experiencia es lo mucho que ganaron los militares estadunidenses en el análisis de cadenas sociales aplicado a las fuerzas insurgentes. “Esto sería muy útil como apoyo de inteligencia para las autoridades mexicanas en su tarea de analizar las varias redes de apoyo que tienen los cárteles”.
La disminución de las confrontaciones armadas en Irak y Afganistán representa una caída para los contratistas militares, por lo que “sería natural” para ellos “mirar hacia el conflicto en México como una nueva área de desarrollo”.
Los contratistas estadunidenses, integrados por militares y agentes retirados, “pueden proveer apoyo logístico, de inteligencia, analítico y de entrenamiento”, asegura Bunker, quien es además profesor adjunto del Programa de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de California, en San Bernardino.
Ante las reticencias por la experiencia de que esas empresas operan con escaso control, añade que las firmas estadunidenses podrían tener un “rol general de contratación” y competir con empresas privadas mexicanas y de otros países para dar esos servicios.
Precisa: “El gobierno probablemente mantendría un límite estricto a los contratistas estadunidenses, pero las corporaciones públicas y privadas mexicanas y las multinacionales con operaciones aquí buscarán los mejores acuerdos que puedan en un ambiente de negocios globalizado y altamente competitivo”.
Colombia, con su larga historia de paramilitarismo y donde Calderón ha buscado soluciones contra los cárteles de la droga, es uno de los países que busca establecerse en México en esa área. “Las organizaciones privadas colombianas también tienen un ojo en este mercado emergente”.
No es nada diferente a Blackwater Corporation (que después se llamó Xe), que intentó dar servicios de seguridad después del huracán Katrina en Nueva Orleáns en 2005, dice Bunker en referencia a la empresa que se vio implicada en el asesinato y tortura de civiles en Irak.
Pero dada la relación costo-beneficio, los factores culturales y lingüísticos y, sobre todo, una mayor aceptación política, cree que habría inmensas barreras para los contratistas privados extranjeros. “No creo que México los quiera o los necesite”.
Supone entonces que ese mercado será controlado por empresas mexicanas. “Creo que de hecho ya están viviendo un boom de contratos… Esto, desde luego, da por hecho que la mayoría de las compañías de seguridad se mantendrán alejadas de las influencias corruptoras de los cárteles”.
Los complots
De sus conflictos con el radicalismo islámico, Estados Unidos también ha querido sacar provecho. El mes pasado, en menos de una semana, la prensa internacional se hizo eco de dos supuestos planes para atacar intereses estadunidenses en Washington y en territorio mexicano.
El 11 de octubre, el procurador general, Eric Holder, y el director del FBI, Robert Mueller, dieron a conocer un supuesto complot de las Guardias Revolucionarias de Irán, con la participación de un iraní-estadunidense afín a Al Qaeda, y de Los Zetas para asesinar en Washington al embajador de Arabia Saudita, uno de sus principales aliados del mundo árabe.
En un rápido análisis, Bunker no sólo desestima la versión sino que advierte sobre la intención de su gobierno: “El supuesto complot carece de sentido y parece haber sido usado para una ‘política de nuevo cuño’ en Washington”.
Agrega: “Nótese cómo la historia murió rápidamente. Suena como una mala película de complot con grupos que representan diferentes amenazas que se unen para actuar juntos. Ni Irán ni Hezbolá (el movimiento de resistencia islámica cercano al régimen iraní) ni Los Zetas se quieren poner en la mira directa del gigante estadunidense”, por lo que nunca se involucrarían en un ataque así.
Dos días después de esa información difundida por el gobierno de Barack Obama, se filtraron noticias sobre otro supuesto intento de ataque terrorista. Esta vez en territorio mexicano y a manos de un supuesto integrista somalí.
El argumento derivó de un operativo de la Marina de México en un departamento de la colonia Roma, en el Distrito Federal, entre el 7 y el 10 de junio del año pasado y en el que aseguró haber encontrado explosivos. La versión de la Armada fue desmentida por la entonces subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y actual procuradora, Marisela Morales, quien aseguró que no eran explosivos sino parafina.
La polémica se reavivó cuando el sitio de internet Borderland Beat, dedicado a informar sobre la guerra contra el narco, publicó un supuesto informe secreto de la Marina en el que reafirmaba el tema de los explosivos y agregaba que los servicios de inteligencia de Israel habían descubierto que ese material estaba destinado a atacar la embajada de Estados Unidos y varios consulados de ese país en territorio mexicano.
El supuesto informe de la llamada “Operación Salim” se dio a conocer en el noticiario radiofónico de Carmen Aristegui, en la cadena MVS. Aunque la Marina negó la autenticidad del reporte, la filtración desde Estados Unidos hizo ver a México otra vez como una amenaza potencial.
“La primera regla en algo como esto es negarlo, volverlo a negar y negarlo nuevamente. Estoy seguro de que un análisis forense del documento podría autentificarlo o no”, dice el experto en inteligencia. Pero, de acuerdo con Bunker, no se trata de ninguna casualidad. “Una de las preguntas que se deben hacer es que si se trata de un documento falsificado, quién podría ganar emprendiendo esta acción.”
En su doble juego en la relación con México, Estados Unidos quedó entrampado cuando la prensa dio a conocer la operación Rápido y Furioso, una acción que para Bunker “definitivamente requiere una autorización mucho más alta que la regional”.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) circunscribe a su delegación en Arizona, en la frontera con México, el tráfico de poco menos de 2 mil armas para “dejar que caminaran” y rastrearlas. Las armas acabaron en manos de los cárteles.
Bunker asegura que fueron más de 2 mil armas. “Las confederaciones de cárteles compraron más de 50 rifles Barrett calibre 50” (arma larga con mira telescópica que usan fuerzas especiales de varios ejércitos del mundo) y alrededor de 2 mil 500 armas largas, incluidos fusiles semiautomáticos AK-47”.
Para el especialista “es extremadamente difícil entender, desde cualquier perspectiva de cumplimiento de la ley, qué valor tendría, si lo tuviera, tal operación”. Alejado de la burocracia, dice: “Desafortunadamente, es un primer caso de uno o más jefes de alto nivel de la ATF que queda exhibido por las realidades tácticas y operacionales”.
En contraste, el experto le da más crédito a la DEA. Al menos en lo que toca a los alegatos del hijo de Ismael El Mayo Zambada, Vicente Zambada, El Vicentillo, detenido en Chicago.
La defensa del Vicentillo alega que existía un pacto del cártel de Sinaloa con la DEA para mantener el tráfico de drogas en Estados Unidos a cambio de información sobre los grupos rivales. “No tiene absolutamente nada que perder diciendo eso, toda vez que ve un tiempo de prisión considerable. Posiblemente está tratando de reducir su sentencia”.
De ser cierto, dice, tendría algo de sentido. Explica: el acuerdo sería estratégico para la DEA: “Representaría un enfoque de tratamiento de una enfermedad grave para lidiar con estas amenazas. Eso, sin embargo, no significaría que la DEA hubiera tenido un acuerdo en persona con el cártel de Sinaloa. Cualquier noción de que la DEA está trabajando con ese cártel me parece una teoría conspirativa”.
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