La Corte revisará la ley Duarte, que iguala dicha actividad con la perturbación del orden. “No me demandan a mí, sino al Congreso del estado”, asegura el mandatario local.
Especialistas y legisladores se pronunciaron en contra de legislar para restringir las libertades de los internautas, al advertir que en un escenario de violencia es necesario ampliar espacios de comunicación.
En un foro organizado por el Senado se dijo que 16 entidades intentan legislar para crear figuras en sus códigos penales, a fin de sancionar conductas de usuarios de las redes sociales.
Al inaugurar los trabajos del foro “El papel de internet en un contexto de violencia”, el senador perredista Francisco Javier Castellón resaltó la importancia que tienen las redes ante la ausencia de cobertura informativa, derivada de amenazas y problemas de criminalidad.
En su exposición, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología dijo que en 16 entidades se intenta legislar para crear tipos penales “absurdos”, como sucedió en Veracruz, donde se pretendía acusar a dos tuiteros (Maruchi Bravo y Gilberto Vera) de terrorismo.
Cuando la presión de las redes saltó al plano internacional, dijo, crearon otro delito que no le funcionó a la autoridad, pero se quedó en la ley.
“De repente ha ocurrido en nuestro país que algún posteo (colocación de mensaje) en las redes sociales o algún correo electrónico se convierta, a los ojos de los gobernantes, en la posibilidad de un delito.
“Varios de ellos comienzan a intentar modificar los códigos penales y las leyes para que los posteos en las redes sociales, la información que circula en ella, para quienes comienzan a emitir mensajes, puedan contenerse a partir de la generación de delitos muy raros, como el de perturbación del orden público o el de los rumores falsos”, denunció el legislador ante especialistas.
Refirió que tres estados ya legislaron para contener a los usuarios de las redes: Nayarit, San Luis Potosí y Querétaro, donde (con variaciones) se criminaliza la difusión de información falsa a los servicios de emergencia por cualquier medio. En Veracruz se tipificó un nuevo delito y en Tabasco se tiene ya presentada una ley que también criminalizaría a los cibernautas.
Refrió que en otra decena de entidades las iniciativas ya fueron planteadas o presentadas por diputados en comisiones, pero no se han dictaminado y están en proceso de discusión.
La conclusión del foro en el Senado, dijo, es que no se pueden regular las redes sociales y, por el contrario, se deben abrir espacios a los ciudadanos, mientras que las autoridades deben comunicarse con la sociedad por estos medios, como ya ocurre con Reynosa.
La Corte analizará ley
En tanto, la acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH contra la denominada ley contra tuiteros de Veracruz fue admitida a trámite por José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Corte.
Éste dio un plazo de 15 días al Congreso local y al gobernador del estado, Javier Duarte, para que rindan su informe sobre los antecedentes que llevaron a la modificación de la ley.
La reforma adicionó el artículo 373 del Código Penal de Veracruz para penalizar de uno a cuatro años de prisión y multa de 500 a mil días de salario a quien incurra en el delito de perturbación del orden público, que incluye la difusión de rumores por redes sociales.
El ordenamiento prevé castigos “a quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego, o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público”.
En su acuerdo, el ministro Cossío requirió al Congreso local a enviar iniciativas, dictámenes de comisiones y actas de sesiones en las que se haya aprobado y conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo y los diarios de debates.
La CNDH impugnó el artículo 373 del Código Penal, reformado mediante el decreto número 296, en el cual se agregó el delito de perturbación del orden público, dado a conocer el pasado 20 de septiembre, a través de la Gaceta Oficial del gobierno de esa entidad.
En tanto, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se deslindó de la ley que aprobó en septiembre la Legislatura local.
“Yo soy muy respetuoso, pero no me demandó a mí; te corrijo para que investiguen bien. Demandó al Congreso del estado de Veracruz, y bueno, dependerá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, expresó.
La iniciativa fue enviada a la Legislatura por Duarte de Ochoa después de que el 25 de agosto mensajes falsos lanzados en las redes sociales alertaron a la población de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río de supuestos ataques en centros escolares.
De estos hechos fueron acusados María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, contra quienes recayó un auto de formal prisión por los presuntos delitos de “terrorismo equiparado y sabotaje”.
Sin embargo, días después de aprobada la nueva normativa éstos fueron liberados al desistirse la Procuraduría General de Justicia del Estado de la acusación.
Milenio
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