El senador de EU Charles Grassley cuestionó la labor de la agencia que combate el tráfico de arsenales y solicitó mayor transparencia.
Washington, 10 de marzo.— En un nuevo giro en lo que parece un escándalo creciente, la secretaria de Seguridad Nacional estadunidense, Janet Napolitano, afirmó ayer ante un panel senatorial que ignoraba la operación Fast and Furious (Rápido y Furioso) hasta que los agentes Brian Terry y Jaime Zapata fueron asesinados en diciembre y febrero, respectivamente.
Interrogada por el senador republicano Charles Grassley durante una audiencia realizada por el Comité Selecto sobre Narcotráfico, Napolitano precisó que el operativo fue desarrollado por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Justicia, y dijo no saber de la presunta participación de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), enmarcado en su propia organización.
“No estoy al tanto de ese agente en particular”, dijo Napolitano a Grassley, que llamó el martes por una evaluación “independiente” del programa Gunrunner (contrabandista de armas), en cuyo marco se desarrolló Rápido y Furioso. Los resultados de uno y otro han sido cuestionados y más desde que se informó que el segundo permitió la compra y contrabando a México de mil 997 rifles entre 2009 y 2010.
Napolitano aseguró que no había sido informada del programa y nadie le había hecho saber sobre dudas respecto de una operación de ese tipo.
Terry era un agente de la Patrulla Fronteriza que fue abatido por presuntos narcotraficantes mexicanos el 14 de diciembre en Arizona. Dos rifles AK-47 encontrados cerca habían sido adquiridos por traficantes de armas vigilados por el BATF en Tucson, responsable del programa Rápido y Furioso.
Zapata era un agente del ICE asignado a la embajada de Estados Unidos en México que fue muerto el 15 de febrero cerca de San Luis Potosí por presunto sicarios de Los Zetas. Al menos una de las armas usadas en su contra fue adquirida en Texas.
Grassley calificó el operativo como parte de un patrón de “operaciones arriesgadas” y “mal concebidas” con las que se “ha afectado la vida de incontables personas” victimizadas por haber permitido que las armas “terminaran en manos criminales”.
El legislador apuntó, además, que los cuestionamientos de agentes sobre el terreno fueron ignorados “y eso sólo pone sal sobre las heridas de las familias que perdieron seres queridos”.
Grassley se ha quejado repetidamente de haber sido “bloqueado” por el Departamento de Justicia y el BATF en sus intentos por obtener información sobre Gunrunner, primero, y Fast and Furious, después.
De acuerdo con reportes del Centro por Integridad Pública (CIP) y la cadena de television CBS, tantas como mil 997 armas fueron adquiridas por contrabandistas en tiendas de Arizona con conocimiento del BATF, que buscaba “seguir” el rastro hasta dar con los principales responsables. Más de 700 armas fueron identificadas después en investigaciones criminales en México y Estados Unidos.
Los reportes consignaron que el gobierno mexicano no estaba al tanto de la operación.
En ese marco, grupos conservadores estadunidenses encabezados por la Asociación Nacional del Rifle (NRA) demandaron el miércoles una investigación del escándalo, aunque como una forma de dificultar a su vez que el BATF obtenga más autoridad para supervisar la venta de armas a particulares, a lo que la NRA se opone.
El operativo fue revelado por John Dodson, un agente del BATF que dijo haber sentido responsabilidad ante la muerte de Terry, aunque había sido también uno de los agentes que habían cuestionado el operativo desde su inicio, sobre todo ante el incremento de la violencia en México.
La CBS afirmó el martes que operativos similares habían comenzado desde 2008 y citó en particular uno llamado “Wide Receiver” (receptor abierto), que permitió la compra y transportación a México de unas 450 armas.
excelsior.com
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